Concesiones en espera reavivan polémica carbonífera en Zulia.

¡Que se quede ese carbón allá abajo!" dijo el presidente Hugo Chávez el mes pasado y los grupos ambientalistas que hacen vida en el estado Zulia cantaron victoria..

Caracas, 12/07/07 - "Entre el bosque y el carbón, me quedo con el bosque, con el río, el ambiente ¡Que se quede ese carbón allá abajo!" dijo el presidente Hugo Chávez el mes pasado y los grupos ambientalistas que hacen vida en el estado Zulia cantaron victoria.

Sin embargo, la coletilla de la expresión presidencial, según la cual "si algún día se desarrolla una tecnología para sacar el carbón sin romper el bosque será una reserva para el futuro", le ha dado suficientes razones a los organismos estatales responsables de su explotación para considerar válida la posibilidad de que se concedan nuevos permisos.

Aurora Rodríguez, representante del Ministerio de Industrias Básicas y Minería en el estado Zulia, dijo hace dos semanas a medios regionales que las carboneras Cosila (Complejo Siderúrgico del Lago) y Caño Seco esperan por permisión para iniciar actividades. Incluso descartó que estas empresas no estuvieran al día con la normativa vigente, al señalar que sus concesiones no están caducas.

Consultada por El Universal, Rodríguez prefirió hablar a título personal como profesora de Geología del Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo. No se aventuró a defender al carbón, pero tampoco lo condenó. "No veo inconvenientes en que se entreguen nuevas concesiones, pero no estamos presionando para que eso ocurra. Es una decisión ministerial, en la cual no tenemos injerencia".

Sobre el estatus de esas concesiones en proceso, dijo que en ningún caso se entregará un permiso sin consenso de las autoridades o sin autorización del Ministerio del Ambiente.

La lucha por el carbón en el Zulia no es nueva. En la medida en que estas explotaciones han desplazado a numerosas etnias indígenas de sus territorios originales y han producido cambios en el equilibrio ecológico de las zonas afectadas, la oposición a esta actividad ha ganado adeptos, al punto en que constantemente se observan marchas y movilizaciones en protesta por el carbón.

¿Quién es responsable?

Las más recientes oraciones del Presidente Chávez sobre el tema del carbón han propiciado una enorme controversia. Mientras Rodríguez lo tomó como una oportunidad para demostrar que se puede ejercer una minería responsable, Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia y presidente de la sociedad ambientalista Homo et Natura, afirma sin miramientos que la minería le ha hecho un enorme daño ambiental al estado Zulia. "La minería anterior y la actual son ambas irresponsables. Se aproxima un genocidio indígena, además del ecocidio que ya se perpetró", refutó.

Rodríguez se explayó al señalar los cambios que ha propiciado el Mibam en los últimos dos años en la forma de ejercer la minería en general, mediante un mayor control de las empresas que tienen concesiones activas. En el caso del carbón, luego de que Petróleos de Venezuela traspasara en 2005 a título gratuito su filial Carbozulia a Corpozulia, es este último organismo el que concentra la mayor parte de las actividades carboníferas del país y es, además, el responsable de tres de los cuatro proyectos que están inactivos: Casigua, Socuy y Tokuko-Aricuiza.

"El presidente Chávez nunca condenó las explotaciones. Lo que debe hacerse es controlar la minería para que no cause estragos ni perjudique a las comunidades. Ha habido mejorías, queremos demostrar que la minería ha cambiado, que las empresas mineras tienen ahora una mayor conciencia ambiental", dijo.

Aunque Aurora Rodríguez aseguró que los proyectos en espera de aprobación están basados en actividades subterráneas de mucho menor impacto ambiental, documentos oficiales confirman que el proyecto de explotación de la mina Socuy, uno de los más ambiciosos con una inversión estimada en 60 millones de dólares y más de 3.300 hectáreas comprometidas, involucra la extracción de 570 millones de toneladas de reservas a cielo abierto.

Adicionalmente, expertos como Portillo afirman que la minería subterránea reemplaza la contaminación ambiental por un alto riesgo de explosiones para los trabajadores que ni siquiera en los países desarrollados se ha logrado controlar.

Argumentos de papel

Una de las carpetas que reposaban sobre el escritorio de Rodríguez da cuenta de una decena de proyectos sociales emprendidos por las empresas mineras en el estado Zulia. Las fotos que muestran la construcción de escuelas y la dotación de centros de salud en lugares prácticamente carentes de servicios hablan por sí solas.

Para Rodríguez, tampoco debe olvidarse que la minería contribuye al Producto Interno Bruto y genera un número importante de empleos. "Hay cosas en las que tienen razón los ambientalistas, pero la minería da trabajo y ahora las empresas están obligadas a hacer labor social. ¿Se le va a negar a una comunidad el beneficio de tener una minería controlada?".

No obstante, según cifras del Banco Central de Venezuela, la minería apenas aportó 0,64% del Producto Interno Bruto el año pasado con la generación de menos de 329 millardos de bolívares. Al cierre del primer trimestre de este año esa contribución, incluso, disminuyó, al representar 0,57% del PIB.

Para quienes la actividad minera sí significa un ingreso representativo es para los gobiernos regionales. Según cifras oficiales, la minería contribuyó con 33,3% de las entradas fiscales adicionales a la Gobernación del Zulia y con 41,15% del ingreso fiscal adicional de las alcaldías de Mara y Páez, un fenómeno que explica la posición favorable de estos organismos a la explotación del carbón.

Otro de los argumentos de Rodríguez es la poca cantidad de hectáreas que hoy están en explotación y que apenas representan 0,8% del territorio de las cuencas de Guasare, Socuy y Cachirí. "La deforestación tradicional (no relacionada con la minería) es más invasiva porque se hace sin control", aseguró.

Sin embargo, según información levantada por el Ministerio del Ambiente esto obedece a que al cierre de 2004 de las 13.750 hectáreas entregadas en concesión, sólo 1.763 (12,8%) estaban en ocupación para producir poco más de 6 millones de toneladas de carbón al año, una cifra que, por cierto, muestra una sostenida curva ascendente